Se acerca la auditoría de Certificación para el primer grupo de Proveedores vinculados al proyecto RSPO

La certificación otorgada por la RSPO en el ámbito mundial busca que el aceite de palma se produzca legalmente, sin tener impacto ambiental, social ni económico hacia estándares de sostenibilidad, en donde sean evidentes las transformaciones positivas. La certificación es un mecanismo que permite demostrar que las cosas se pueden hacer mejor, es por eso que Palmas del Cesar al iniciar su proceso de certificación RSPO, vinculó en su estrategia de sostenibilidad  la  implementación de la norma en  proveedores de fruto. 

Fue así como durante el año 2016 a través de la Unidad de Servicio al Proveedor (USP) de la compañía se inició el proceso de socialización sobre la norma para lograr la vinculación voluntaria de los productores, con ello se incentivó a 100 agricultores para que iniciaran la implementación de buenas prácticas.

Para esto, inicialmente se hizo un diagnóstico que incluyó temas agronómicos y ambientales como el tipo de suelo, presencia o ausencia de zonas de importancia ambiental, fuentes hídricas, entre otros; con el fin de evaluar los impactos sociales – ambientales y así determinar los efectos positivos o negativos de los procesos productivos que se estaban desarrollando en los predios de cada agricultor. 

En el año 2017 se estructuró un proyecto con el que a través de la Fundación Bajo el Palmar se logró articular a varias organizaciones, con las que se gestionaron los recursos necesarios para iniciar la implementación de buenas prácticas en el grupo de productores y obtener así su respectiva certificación RSPO.

El proyecto de certificación en RSPO para proveedores tiene como hito la implementación de buenas prácticas en la cadena de suministro y a su vez incentivar al productor a lograr su certificación para que de esta forma el aceite de palma obtenido de pequeños y medianos productores se llegue a posicionar en el mercado nacional e internacional como un aceite de palma sostenible.

Cabe mencionar que el proyecto se planteó a tres años, pero debido a las restricciones impuestas por la pandemia  se extendió hasta el 2021.